Aunque en las dos últimas décadas el Líbano no ha sufrido conflictos violentos civiles a gran escala, sigue habiendo tensiones entre sus comunidades más marginadas, en especial los refugiados palestinos, y sus anfitriones libaneses, e incluso dentro de las propias comunidades. El Programa Conjunto de la ONU estuvo dirigido a mitigar estas tensiones y evitar la vuelta a una situación de conflicto violento mediante la promoción del desarrollo económico, la mejora del autogobierno de los palestinos y el fomento de procesos de consolidación de la paz en las comunidades más propensas a los conflictos.

Las poblaciones pobres de las áreas rurales de Panamá muestran una gran dependencia de los recursos suelo y agua y son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático como la sequía y las inundaciones.

Más de 20 años después de su guerra de independencia, muchas comunidades croatas siguen sufriendo exclusión social y privaciones económicas propias de zonas afectadas por las guerras. El Programa Conjunto puso en marcha por primera vez un modelo para la recuperación socioeconómica que integraba la toma de decisiones a nivel local mediante proyectos basados en necesidades e intereses compartidos. Esto introdujo mecanismos de consolidación de la paz en las estructuras locales existentes que proporcionan servicios sociales, educación, vigilancia en las comunidades, justicia y creación de empleo. 

Las mujeres de los Territorios Palestinos Ocupados se enfrentan a elevados niveles de pobreza y desempleo, siendo particularmente vulnerable la situación de las mujeres refugiadas. En Gaza y Cisjordania la cuota de participación femenina en el mercado laboral era del 13,4% en 2006, la mitad de la media existente en los países árabes y una de las más bajas del mundo. El Programa Conjunto promovió el empoderamiento social, económico y político de las mujeres y trabajó para reducir la violencia de género a través de iniciativas dirigidas a reforzar la presencia política de las mujeres, aumentar sus oportunidades de encontrar trabajos decentes y productivos, y mejorar su acceso a servicios de protección y justicia.