Timor Oriental: Apoyo a la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer en la construcción nacional de Timor-Leste
El Programa Conjunto de Naciones Unidas está apoyando al Gobierno de Timor Leste en estos esfuerzos trabajando para garantizar que se proteja a las mujeres de la violencia y las penurias económicas y para que tengan un acceso equitativo a la justicia.
Timor-Leste es uno de los países más pobres del mundo, con un nivel de desarrollo humano comparable a los del África subsahariana. Durante la lucha que condujo a la independencia en 2002, entre 100.000 y 250.000 personas murieron a resultas de la violencia o el hambre y enormes franjas de infraestructura quedaron destruidas. Actualmente, se estima que la cifra de desempleo y subempleo alcanza el 70%, y se cree que aproximadamente la mitad de la población está viviendo por debajo del nivel de pobreza.
A pesar de las limitaciones de ser un país que ha accedido recientemente a la independencia, el Gobierno de Timor Leste se ha unido al esfuerzo global por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, incluido el objetivo de promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres.
El Programa Conjunto de Naciones Unidas está apoyando al Gobierno de Timor Leste en estos esfuerzos trabajando para garantizar que se proteja a las mujeres de la violencia y las penurias económicas y para que tengan un acceso equitativo a la justicia.
El Programa Conjunto ayudó a formular la Ley contra la Violencia Doméstica, que fue aprobada en junio de 2010, y está apoyando el desarrollo de los planes de acción nacionales sobre la violencia de género y el tráfico de personas. Está proporcionando igualmente mecanismos efectivos para prevenir el tráfico de personas mediante el desarrollo de la capacidad del Gobierno y otras partes interesadas, y está mejorando los servicios de ayuda a las víctimas de la violencia.
El Programa Conjunto está apoyando la adopción e implementación de un presupuesto con perspectiva de género, y está ayudando a reducir la discriminación contra las mujeres garantizando un acceso equitativo a los recursos, los servicios y la propiedad de los activos. Está protegiendo también los hogares encabezados por mujeres mediante transferencias monetarias condicionadas y prestando apoyo a los consejos locales para hacer de las necesidades de las mujeres y las niñas una prioridad.