“Soy mujer, soy emberá y no practico la ablación”
Las primeras voces de alarma saltaron en 2007, cuando la muerte de una niña indígena recién nacida a la que le habían extirpado el clítoris llegó por primera vez a las páginas de los diarios tras una denuncia de una funcionaria local. Ese día, casi sin darse cuenta, Colombia se unió a la trágica lista de países del mundo donde en pleno siglo XXI se sigue practicando la mutilación genital femenina.
Detrás de lo que de generación en generación los emberá chamí habían terminado llamando “curación” se escondía una dolorosa realidad que muchos creían patrimonio exclusivo de algunos países africanos y el sudeste asiático, una práctica cuyo significado cultural siguen sin tener claro en esta comunidad aborigen de Colombia y que muchos veían como una forma de purificación o limpieza.
Pero las noticias desde el departamento de Risaralda no dejaban lugar para las dudas: América Latina no podía presumir de ser una región libre de la ablación, lo que desembocó en una acalorado debate que dio paso al lanzamiento del proyecto “Embera Wera” (“Mujer Embera), impulsado inicialmente por el Fondo de Población de Naciones Unidas y al que se unió en 2008 el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) en Colombia.
Con epicentro en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, el proyecto partió de una premisa que ha sido clave a la hora de alcanzar las metas que se proponía: transformar la práctica de la ablación femenina desde la propia comunidad, buscando para ello una alternativa que sustituyera su significado en el imaginario indígena, y que no pusiera en riesgo la salud y la vida de las niñas.
“El proyecto Embera Wera parte de nuestra cosmovisión, de nuestra ley de origen”, destacó en su día Alberto Wazorna, integrante del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), uno de los organismos que participó en el largo proceso de reflexión y autocrítica que dio paso a la decisión de la comunidad de erradicar la ablación hace ahora dos años e imponer multas y castigos a quien la practicara.
Esta decisión acaba de ser ratificada en febrero pasado por el Congreso del pueblo emberá, que extendió la prohibición de practicar la ablación a todo el departamento de Risaralda, logrando de esta manera traspasar las fronteras de los dos municipios donde trabajó el proyecto.
Los emberá chamí, uno de los treinta pueblos indígenas de Colombia que se encuentran en peligro de extinción, ha vivido históricamente en situación de vulnerabilidad, marcada por la pobreza extrema que padecen muchos de sus habitantes, víctimas en el mejor de los casos de exclusión y discriminación, y en medio del fuego cruzado de los grupos armados.
“Soy mujer, soy emberá y no practico la ablación”. El mensaje que transmiten ahora Norfilia Caizales, consejera de mujer del CRIR, y otras mujeres de ambos resguardos no puede ser más claro y contundente. “Llevamos desde el año 2007 buscando nuevos procesos para el fortalecimiento de nuestras niñas, y ya es hora de decir, ‘no más a la práctica de la curación’”, añadió Norfilia.
Las organizaciones de derechos humanos y de defensa de las mujeres estiman hay en el mundo entre 100 y 130 millones de mujeres que han sufrido la ablación genital femenina. Y en el caso de Colombia, los expertos creen que en la comunidad emberá chamí llegaban a morir de tres a cuatro niñas cada año por las complicaciones derivadas de la “curación”.
El dirigente local Martín Siagama, también del CRIR, reconoció en su momento que “ni las parteras” sabían por qué recurrían a la mutilación genital de las niñas y reveló que tras un largo proceso de reflexión se entendió que no era una práctica tradicional “sino que la trajeron los europeos hace más de quinientos años”, y que, por tanto, había que prohibirla.
El resultado más visible ha sido el compromiso de la comunidad de erradicar la ablación, pero el programa también ha impulsado otras iniciativas para ayudar a las mujeres a ganar espacios en la toma de decisiones en el ámbito público y conocer mejor sus derechos, como la creación de una Escuela de Derechos o la celebración del Primer Congreso de Mujeres Emberás.
El proyecto “Embera Wera”, que trabaja con unas 25.000 mujeres indígenas en Risaralda, fue impulsado por el Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de la mano con las autoridades indígenas de Pueblo Rico y Mistrató y los miembros de la comunidad.
Una de ellas, Miriam Nengarabe, dice firme y con voz segura que la mujer emberá es una “mujer femenina” y aunque antes no se les valoraba lo suficiente en la comunidad, ahora “por medio de la educación y la organización” se empiezan a reconocer sus derechos, “porque las mujeres son iguales como cualquier otra persona”.
El Programa Integral Contra Violencias de Género al que pertenece la iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del F-ODM para ayudar a más de medio centenar de países en todo el mundo a alcanzar las Metas del Milenio de reducción de la pobreza, con una atención especial a las mujeres y niños, una las comunidades más vulnerables y marginadas.
“Ahora muchas mujeres nos hemos despertado, hablamos de lo que antes no se hablaba. Ahora las mujeres ya tenemos voz y voto, ya no nos da temor a hablar, nos hemos ido capacitando y aprendiendo cada vez más los derechos que tenemos como mujeres”, sentenció Solany Zapata, otra mujer emberá chamí que dijo “No a la ablación”.
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