Luchando contra los matrimonios forzosos en Guinea-Bissau

A sus 17 años, Luisa Sambu recuerda cono si fuera ayer cuando hace unos meses, en noviembre pasado, unos familiares se plantaron en su casa en la región occidental de Guinea-Bissau para obligarle a que se casara con un hombre mucho mayor que ella, que ya tenía otra mujer y dos hijos, uno de ellos prácticamente de su misma edad.

"Ese día mis tíos llegaron a casa con otras cinco personas para llevarme por la fuerza, pero al final pude escaparme", rememora Luisa, que se quedó huérfana a los 13 años y que desde entonces vive con una mujer que le ofrece alojamiento a cambio de limpiar la casa.

La historia de esta joven se repite casi a diario a lo largo y ancho de esta pequeña república africana bañada por el Atlántico, donde una cuarta parte de las mujeres son obligadas a casarse antes de cumplir su mayoría de edad, a los 18 años.

Luisa pudo evitar seguir el mismo camino que otras chicas con la ayuda de un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), uno de los cuatro abiertos recientemente en Guinea-Bissau con el apoyo del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), para mejorar el acceso a la justicia, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

"Fui a pedirles ayuda porque no quiero casarme", explica Luisa, que quiere seguir estudiando y reclama su derecho a elegir libremente la persona con la que quiera pasar el resto de su vida. "Me dijeron que el CAJ daba apoyo a mujeres y niñas víctimas de violencia y que si necesitaba ayuda, ellos podrían dármela", añade.

Desde su apertura en septiembre de 2011, los CAJ han lidiado con más de 800 casos ofreciendo asesoría legal gratuita y ejerciendo como mediadores. También han ofrecido cursos de sensibilización sobre asuntos como derechos de los menores y de las mujeres, detenciones ilegales, justicia tradicional e igualdad de género, en los que han participado más de 5.000 personas.

Este proyecto es uno de los frentes abiertos del programa conjunto "Fortalecimiento de la justicia y reforma del sector de la seguridad en Guinea-Bissau", una colaboración entre el Gobierno y cuatro agencias de Naciones Unidas, y diferentes comunidades locales, que forma parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a los países a cumplir las Metas del Milenio.

Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del mundo, donde una cruenta guerra civil, golpes de Estado y asesinatos han creado una profunda inestabilidad política y unas instituciones extremadamente frágiles. Además de mejorar el acceso a la justicia, el programa busca también mejorar la seguridad y promover una reforma legislativa para proteger los derechos de la población civil.

Hoy en día los tribunales de justicia funcionan de forma esporádica y son ineficientes, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a la justicia formal es limitado, y las mujeres son especialmente vulnerables a casos de violencia sexual y de género.

El resultado es que la mayoría de las disputas en ese ámbito terminan resolviéndose a través de mecanismos de justicia tradicional que suelen ser injustos, excluyentes y discriminatorios, especialmente en asuntos relacionados con tierras, herencias y conflictos familiares.

Emilio Abdul Kalil fue a uno de los CAJ después de que unas tierras que pertenecieron a su familia desde hace más de ocho décadas fueron ocupadas con el visto bueno de un administrador local que aseguraba que eran propiedad del estado.

"Un grupo de personas ocuparon mis tierras y parte de mi casa", explica Emilio, de 62 años, que denuncia que el administrador le impidió construir en sus propios terrenos. Después de dos años de disputas, Emilio pidió apoyo al centro para intentar resolver el contencioso.

"Los asesores legales del centro fueron a hablar con el administrador, le mostraron los documentos que probaban que esos terrenos son nuestros y le dijeron que debía respetar las leyes", explica Emilio, quien revela que el administrador terminó renunciando en diciembre pasado.

En el caso de Luisa, los técnicos del centro hablaron con sus familiares, que desde entonces no han vuelto a insistir a la chica que debe casarse. Aunque sus tíos le han dicho que se arrepentirá el resto de su vida si no se casa, ella está feliz y se siente más fuerte que nunca. "Incluso si estuviera equivocada, no quiero casarme, y estoy muy contenta con el apoyo del centro", sentencia.

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