Guinea-Bissau: Fortalecimiento de la justicia y reforma del sector de la seguridad en Guinea-Bissau

Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del mundo. La guerra civil, los múltiples golpes de Estado y asesinatos, así como el descontento prolongado, han creado una profunda inestabilidad política e instituciones sumamente frágiles. El objetivo del Programa Conjunto consistió en fortalecer el sistema judicial del país y mejorar el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres y los más desfavorecidos. El Programa busca promover la implicación nacional y la estabilidad, mejorar el Estado de Derecho y la seguridad pública y ayudar a la reintegración social de los excombatientes.

La complejidad de la situación de Guinea-Bissau hace que los esfuerzos por mejorar la gobernanza dependan de que se reforme el sector de la seguridad. La estrategia del Programa Conjunto estuvo basada en la transparencia y en una ejecución equitativa y responsable. Se actuó con procedimientos participativos y consultivos, así como con enfoques sensibles a la dimensión de género y la gestión adecuada de los conflictos.

En particular, el Programa Conjunto centró sus esfuerzos en apoyar reformas legislativas para proteger los derechos de los ciudadanos, mejorar la seguridad ciudadana y las actividades de la policía, así como en impulsar la gestión y supervisión de los cuerpos de seguridad por parte de instancias civiles.

Algunos de los resultados más destacados:

• El programa facilitó la apertura de cinco Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) dirigidos a proporcionar información, servicios y asistencia jurídica a los ciudadanos más desfavorecidos. La formación y capacitación tuvo lugar a través del Centro Nacional de Formación Judicial (CENFOJ).
• El programa contribuyó a la aprobación de un ley sobre mutilación genital femenina y la redacción de una ley de violencia doméstica.
• El programa llevó a cabo la rehabilitación de un edificio para que sirviera de sede del CENFOJ (Centro de Formação Judiciaria) estatal y contribuir a la ampliación de las competencias de la institución, incluyendo la formación de magistrados y asistentes legales que trabajan con el CAJ para proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables.
• Se registraron importantes avances en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la incorporación de la dimensión de género en instituciones y marcos legales para la protección de los derechos de las mujeres.
• Se creó un consorcio para dirigir una campaña de sensibilización sobre los derechos de las mujeres en el que participaron dos ONG, la Liga Guineana de Derechos Humanos y el Comité Nacional para el Abandono de Prácticas Nocivas (CNAPN). La campaña llegó a 150.000 personas en todo el país, de las que el 52% eran mujeres.
• El programa ayudó a reforzar la labor del comité directivo para la reforma del sector de la seguridad, apoyando también la campaña de información sobre esta reforma llevada a cabo en la capital y las provincias del país.

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